#Ayotzinapa: Las fuerzas armadas y el ex- presidente Enrique Peña Nieto: Dos entes intocables para el gobierno de López Obrador
Por La Marx México
El viernes 19 de agosto de 2022, fue detenido el ex procurador general de la república Jesús Murillo
Karam [1] para indagar sobre su participación en la
desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa. Esto a un día de que la Comisión
para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en voz de
Alejandro
Encinas presentó las conclusiones preliminares [2] de la investigación
hecha sobre el paradero de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos.
I. Sobre las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa
En estas conclusiones preliminares, se habla de 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y circunstancias para llegar a la "verdad histórica", tesis elaborada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y su procurador, Jesús Murillo Karam, en donde se sostiene que la desaparición de los 43 estudiantes, se debió a que fueron confundidos con narcotraficantes de un cartel rival a Guerreros Unidos, secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
En
la "verdad histórica" de Peña Nieto y Murillo Karam, no existe la
participación de las fuerzas armadas, como tampoco existe la
participación y concurrencia de los distintos niveles de gobierno.
Mientras tanto, en las conclusiones preliminares de la Comisión de la
Verdad que encabeza Alejandro Encinas, se establece:
- Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos" y agentes de diversas instituciones del estado mexicano.
- Que autoridades federales y estatales del más alto nivel, fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
- Que en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales, tuvieron conocimiento de los movimientos de los estudiantes, desde la salida de la normal Isidro Burgos, hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas.
- Se confirma que los mandos militares no realizaron ninguna acción para la protección y búsqueda, del soldado Julio César López Patoltzin.
- Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
- Que no hay indicio alguno, de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
- Que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades, en contra de 33 personas, para las diligencias judiciales correspondientes.
Sin
embargo, en las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad
que preside Alejandro Encinas, no se menciona ni por equivocación a
personajes
clave en estos hechos como:
- Enrique Peña Nieto, ex presidente de México.
- Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de gobernación, el órgano de gobierno que se ha encargado históricamente de reprimir, encarcelar, investigar, torturar y desaparecer al pueblo de México.
- Ángel Aguirre Rivero. Ex - gobernador del estado de Guerrero, responsable también por el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en diciembre de 2011.
- Salvador Cienfuegos, quien fue detenido hace más de un año por el gobierno norteamericano con elementos probatorios por el delito de narcotráfico. Posteriormente fue rescatado por el gobierno de López Obrador y el embajador Marcelo Ebrard Cassaubon, extraditado a México y liberado.
- Omar García Harfuch (actual Secretario de Seguridad Ciudadana en la Cdmx), quién ha sido denunciado por la periodista Anabel Hernández por recibir sobornos y apadrinar al cartel de los Guerreros Unidos.
Tras la detención de Murillo Karam, con algunas horas de diferencia, el
juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, giró 83 órdenes de
aprehensión [3] contra 20 mandos militares y personal de tropa del
27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, entre otros. Se da a conocer que el resto van dirigidas contra:
- 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero
- 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala y 1 de Cocula
- 11 policías estatales de Guerrero
- 14 miembros de Guerreros Unidos.
Durante el informe de la comisión de la verdad que encabeza Alejandro Encinas, una periodista, preguntó si entre los 33 funcionarios con órdenes de aprehensión, se encontraban elementos del ejército mexicano, presidentes municipales, o el mismísimo Enrique Peña Nieto, a lo que Encinas respondió: los primero sí, "pero Peña Nieto NO".
Posteriormente, en entrevista con Carmen Aristegui, Encinas recalcó que:
"no hay indicios en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y extitular de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos como participantes directos de la llamada "Noche de Iguala", en la cual 43 estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos fueron desaparecidos.[3]
El tercer informe del GIEI, revela la manipulación de evidencias en el basurero de Cocula por elementos de la Secretaría de Marina
El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes [4] enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da cuenta de la participación de las fuerzas armadas tanto en la desaparición de los 43 normalistas, como en la manipulación de las evidencias, este último caso, destaca el papel que jugó la Secretaría de Marina, Armada de México; tanto en la construcción de la "verdad histórica", como en la manipulación de dichas evidencias.
En un reportaje publicado por Pablo Ferri, para el diario español "El País", [5] el periodista señala que:
"Al menos 12 marinos acudieron al basurero el 27 de octubre de 2014, un mes después del ataque. La visita de los agentes al vertedero nunca se integró al expediente y se desconocía hasta ahora. Un dron de la Armada registró los movimientos de sus efectivos, vídeo que los expertos consiguieron hace apenas unos meses. Son algo más de dos horas de grabación, entre las 6.39 de la mañana y las 8.45. EL GIEI también consiguió el informe que la propia Armada hizo de la visita de sus efectivos al sitio."
Más tarde, a las 8.28, un convoy de vehículos de la Marina y la vieja Fiscalía llega al basurero. En el convoy figura el máximo responsable de la fiscalía entonces, Jesús Murillo Karam. También por entonces, un helicóptero trata de aterrizar en la zona alta del basurero, haciendo volar cantidad de objetos. El expediente sí recoge que ese mismo día, peritos de la Fiscalía empezaron a explorar el sitio, pero no que antes un grupo de marinos hubiera explorado el lugar, sacando y metiendo cosas en una camioneta y haciendo una hoguera."
El actual Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fue comandante de la Octava Región Militar con sede en Acapulco, Guerrero. Esta región naval militar abarca bajo su jurisdicción a los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. A esta región pertenecían los elementos de la Secretaría de Marina que entraron al basurero de Cocula para sembrar evidencias y construir la verdad histórica de Murillo Karam, la cual asume, que los muchachos fueron incinerados en ese basurero.
Después de que este informe fuera
presentado de manera pública, al día siguiente, López Obrador salió a deslindar
al almirante Ojeda Durán de los hechos, argumentando que "los marinos actuaron
y quienes dieron las órdenes, lo hicieron desde las oficinas centrales, desde
aquí" [6] en referencia a la Ciudad
de México. Es difícil que, en una operación de tal magnitud y delicadeza bajo
un estado capitalista y corrupto, los mandos regionales no estén informados ni
participen en operativos de estado para establecer una verdad a modo.
Otras evidencias en el tercer informe del GIEI que confirman la participación del Ejército Mexicano
En el mismo informe presentado en marzo de 2022, se revela que:
- Los militares del 27 batallón de Iguala controlaban el Centro de Coordinación Guerrero Seguro (C4)
El C4, es un comando de comunicación donde confluyen la Policía Federal, Estatal, Municipal... y el Ejército mexicano.
La noche del 26 de septiembre
ellos manejaron las cámaras, recibieron denuncias e informaciones de la
ciudadanía de Iguala. Los elementos
destinados al C-4 informaron de los hechos inmediatamente a sus superiores, a
pesar de esto, ninguna información significativa de estos hechos fue
proporcionada en sus primeras declaraciones, mismos que nunca fueron
comunicados a las autoridades competentes de la investigación y estas a su vez,
nunca indagaron al respecto.
- Las patrullas del 27 Batallón, ya se encontraban en el Palacio de Justicia de Iguala, antes de las 12:30 horas del 27 de septiembre.
De acuerdo con las versiones de los mandos del 27 batallón,
sus patrullas salieron del lugar a las 0:30 horas del día 27 de septiembre, es
decir, cuando los estudiantes ya habían sido presas de dos ataques armados y
los sobrevivientes secuestrados por la policía municipal. Sin embargo, estas
declaraciones se vienen abajo con nuevas versiones de testigos oculares que
afirman que estas patrullas se encontraban horas antes en el Palacio de
Justicia de Iguala, cuando ocurrió la segunda balacera contra los normalistas
en la calle Juan N. Álvarez.
- La omisión de otra patrulla en el Palacio de justicia
En la mañana del 26 de septiembre, una patrulla militar fue comisionada para dar protección en la carretera que va a Chilpancingo, debido a un accidente de un camión cisterna. Dicha patrulla se retiró del lugar de los hechos una vez que el camión fue removido y la zona fue liberada. A su regreso hacia Iguala (dado que no hay otro camino), debió pasar por el lugar donde ya estaba el bus Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia, alrededor de las 23 horas.
En
esos momentos, el autobús con los normalistas a bordo, estaba siendo atacado
por policías municipales, que se encontraban apoyados por numerosas unidades
tanto de Iguala, como del municipio de Huitzuco. Este hecho no fue relatado ni
en las declaraciones de los jefes del 27 batallón, ni se ha consignado en
distintos documentos militares.
- Sobre presencia de elementos del ejército mexicano en la barandilla (cárcel municipal) de Iguala
Miembros del 27 Batallón fueron a la comisaría de barandillas donde según el GIEI, se tiene constancia de que fueron llevados algunos normalistas, para entonces ya tenían la información de que los normalistas habían sido detenidos por las fuerzas policiales, al ser detenidos, los normalistas debían ser llevados a la Barandilla municipal. Si al visitar este lugar se percataron de que los estudiantes no estaban ahí, tendrían que haber dado la alarma por su "posible desaparición".
- Sobre la presencia del ejército el Hospital Cristina
Alrededor de las 22:30 pm, un grupo de normalistas acudió al Hospital Cristina para exigir atención médica para uno de sus compañeros que se encontraba gravemente herido. "Juan N", un médico cirujano que posteriormente fue llamado a declarar por autoridades castrenses, narra que, en esos momentos, él se encontraba en su domicilio, donde recibió una llamada de la enfermera de guardia, quien le indicó que "personas extrañas habían tomado el hospital", y que exigían atención, por lo que el médico decidió marcar al 066 para reportar a la policía lo ocurrido, acto seguido, se dirigió al nosocomio.
"Al llegar veo que el hospital está rodeado por el Ejército. Un militar se acercó y me dijo que no podía pasar ya que había un operativo. Le conté que trabajaba en el hospital pero aun así me impidió el paso y me quedé esperando (...) por una de las ventanas se veía el movimiento incluso en el piso de arriba de los militares" [7]
Después de estudiar la situación por un rato, el médico narra que el capitán que estaba al frente del operativo, le pidió que se identificara, al hacerlo, consiguió el acceso al hospital para atender al joven lesionado. Una vez en el inmueble, describe que había en el lugar, cerca de 30 jóvenes, entre ellos, el lesionado en los labios al parecer por arma de fuego, quien se negó a ser atendido.
Acto seguido, de acuerdo con el mismo testimonio, y tras completar la revisión en el hospital, el capitán que comandó el operativo, reunió a los estudiantes para ofrecerles una disculpa por tratarlos como delincuentes:
"Jóvenes, primero que nada quiero decirles que somos el Ejército y somos una institución que estamos para servirle a la sociedad y ante todo les pido una disculpa si se sintieron tratados como delincuentes pero entiendan que ustedes invadieron propiedad privada y tomaron posesión de unas instalaciones de manera poco convencional"
El médico
narra que, al negarse a recibir la atención, el estudiante (de nombre Edgar)
fue sacado por uno de sus profesores y abordó un taxi.
Estos hechos fueron recopilados por el periodista Arturo Ángel, sin embargo, existe una versión alterna a cargo del medio de comunicación de Carmen Aristegui, [8] que los contradice, en base al testimonio de las enfermeras del hospital Cristrina, testigos oculares y el docente de la normal; todo este material fue recopilado en un informe presentado por 5 expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [9]:
"Mientras los normalistas se distribuyeron en la azotea, en el segundo piso y en la planta baja, el maestro y algunos estudiantes trataban de buscar un taxi para llevar al herido grave al hospital. Apagaron las luces para no llamar la atención. Varios normalistas reportaron que vieron pasar una patrulla de la policía municipal y un vehículo blanco paró en medio de la calle en actitud de vigilancia. Edgar se encontraba en el segundo piso y estaba perdiendo mucha sangre. Los normalistas y el maestro entrevistados se encontraban aterrorizados".
Transcurridos 15-20 minutos, llegó una patrulla militar del 27 Batallón de infantería, acompañada de dos vehículos, así lo describe el informe de 5 expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"En ese momento se creó un alivio para mí, como que había llegado ayuda, pero... uno de mis compañeros dijo que hay un herido, pero tuve que bajar igual. Me senté en un sillón y otro compañero me estaba auxiliando. Empezaron a agredirnos verbalmente, groserías, como si nosotros tuviéramos la culpa... "Aguántese porque ustedes se lo buscaron, se creían chingones, afuera hay dos compañeros suyos muertos. Ya no presté más atención", relata un testigo de los hechos.
"Cuando llegan cortando cartucho y diciendo "ahí están esos cabrones, están allá adentro", en lo cual empezaron a tocar la puerta y decían, "abran la puerta", y nosotros no decíamos nada y empezaron a tocar y ya que en ese rato abro la puerta", le digo necesitamos ayuda, nuestro compañero se está muriendo, nos acaban de matar, nos acaban de balacear"
Los normalistas entrevistados informan que les dijeron "que así como éramos buenos para hacer destrozos que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera".
"Los militares tomaron varias fotos: una general a todos los normalistas juntos y varias a Edgar (el herido). Una más amplia y otra con detalle de la herida en la cara y la boca. Esa noche-madrugada, Edgar, que no podía hablar, escribió un mensaje: "sáquenme de aquí, no aguanto más". La sangre lo ahogaba."
La versión del médico, publicada por el portal "Sin Embargo" se contradice con la del profesor, recopilada por la CIDH:
"Pero este relato es totalmente contradictorio con el de los normalistas, quienes afirman que el médico no llegó antes de que los militares y ellos mismos salieran de la clínica. También el maestro señala que el médico llegó después de que los militares se fueron, cuando él se había quedado con el normalista herido. Lo mismo dice el joven herido."
Una vez que el docente y Edgar salieron del Hospital Cristina, el estudiante fue ingresado en el Hospital General de Iguala, con un trauma facial con fractura de maxilar superior y pérdida de los tejidos blandos, por la gravedad de su situación, fue operado en ese lugar y posteriormente trasladado al hospital Egea de la Ciudad de México.
Al retirarse los militares del nosocomio, los estudiantes también lo hicieron, se refugiaron en una vivienda de los alrededores y a las 3 de la madrugada del 27 de septiembre, volvieron al lugar donde fueron atacados horas antes, para reconocer los cadáveres de dos de sus compañeros. En el lugar ya estaba presente el sub procurador Víctor León y se encontraba dando una conferencia de prensa.
En el tercer informe del GIEI se mencionan estos hechos:
"En otro documento la Policía Militar Ministerial, de octubre de 2014, en la Sección B de Investigaciones también se refiere a investigaciones adelantadas por autoridades militares. El documento informa sobre el "avance de investigación" originada por artículos de prensa en la que estudiantes denuncian el mal trato que recibieron en el Hospital Cristina por elementos del ejército. En la sección denominada "IV. Acciones que se realizan", al final del documento se afirma que: "un equipo investigador de la P.M.M. continúa con la investigación de los hechos, entrevistando a personal militar del 27/o B.I., médicos y personal administrativo del hospital "Cristina" y paramédicos de la Cruz Roja de Iguala, Gro.".
"Esto significa que personal de la Policía Ministerial Militar habría realizado entrevistas en una investigación relacionada con los hechos. Los resultados de estas investigaciones, como se indicó, no se incluyeron en los documentos a los que se tuvo acceso ni se encuentran en las averiguaciones previas."
El celular de Julio César Mondragón fue usado por el CISEN y el Campo Militar número 1
En agosto de 2016, salió a la luz el libro "La guerra que nos ocultan", escrito por los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado. En este libro se narra el caso del joven Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre de 2014, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y desollado en la zona industrial de Iguala el 27 de septiembre de 2014.
La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirman que el rostro del joven "fue devorado por la fauna callejera de Iguala", tesis que fue desmentida por la evidencia empírica de los autores del mencionado libro.
Sin embargo, no sería la única novedad descubierta por estos tres investigadores, sino también, dieron a conocer que el teléfono celular de Julio César, fue usado después de su asesinato desde las instalaciones del Campo Militar Número 1 y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El Campo Militar número 1, es conocido por ser un centro clandestino de detenciones, tortura, secuestro y desaparición forzada ubicado en la Ciudad de México. Este lugar fue el destino último de cientos, o quizá miles de activistas y luchadores sociales durante la época de la guerra sucia que abarca desde los inicios de la década de los años 60's del Siglo XX, hasta finales de los años 80´s. Por ese lugar pasaron dirigentes estudiantiles, campesinos, obreros, miembros de la guerrilla mexicana y en general figuras opositoras al régimen del partido gobernante: el PRI. Por su parte, el CISEN, es un centro de inteligencia para monitorear, espiar e infiltrar a los movimientos sociales. Fue creado en febrero de 1989 y desaparecido oficialmente en diciembre de 2018.
Ambos organismos han sido pieza clave en el andamiaje de las fuerzas represivas del estado mexicano, desde donde se conocen las peores y más aterradoras historias del pasado reciente. Fue desde esos lugares, donde se utilizó en numerosas ocasiones el celular del joven normalista asesinado.
De acuerdo con la periodista Maribel Gutiérrez, [10] publicada en el diario El Sur, el 17 de octubre de 2014 se registró en el celular de Mondragón, una llamada desde las instalaciones del CISEN, mientras que los días 23, 25, 27 de octubre, y el primero de diciembre del mismo año, se registró actividad telefónica desde el Campo Militar Número 1. Esto último dejó en evidencia, la vinculación de las fuerzas armadas con los hechos registrados en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014: el asesinato de 6 normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más.
El registro de la actividad del celular de Julio César, fue proporcionado en un documento confidencial que la empresa Telcel entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) en 31 de agosto de 2015. En total, el reporte da cuenta del uso de este celular desde el 27 de septiembre de 2014, hasta el 4 de abril de 2015.
Gracias al trabajo de Maribel Gutiérrez, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, recopilados en el mencionado libro, una de las más grandes mentiras fabricadas por el gobierno de Peña Nieto, fue puesta al descubierto y destruida brutalmente. Deja en evidencia, lo que todos supimos desde el principio:
FUE EL ESTADO MEXICANO Y
SUS FUERZAS REPRESIVAS (Ejército, Marina, Policía Federal y Policías
Municipales) EL RESPONSABLE DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS.
Primeras conclusiones
1. Se
pone de manifiesto la urgencia del actual gobierno mexicano por lavarle
la cara a las fuerzas armadas, tratando de sacrificar algunos soldados y
mandos de tercer orden, pues como ya lo ha dicho Alejandro Encinas, es
culpa de los malos elementos, no de la institución como tal (las fuerzas
armadas).
2. Tras la caída de Jesús Murillo Karam, debemos exigir la pena máxima para este personaje, así como debemos exigir al gobierno federal, que se giren ordenes de aprehensión contra Enrique Peña Nieto y el general Cienfuegos.
3. - Estamos seguros de que el gobierno de AMLO
sostendrá hasta el final
a estas dos garrapatas, al igual que Alejandro Encinas sostendrá hasta
el final
a Manuel Vázquez Arellano, se hace indispensable convocar a nuevas
movilizaciones para
exigir el encarcelamiento de
Miguel Ángel Osorio Chong, que fungía como Secretario de Gobernación en
el sexenio de Enrique Peña Nieto, este sujeto fue uno de los principales
responsables tanto de la masacre en Iguala, Guerrero y la ulterior
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como también fue
responsable de la masacre
en Nochixtlán, Oaxaca.
4. Tampoco puede quedar
en la impunidad, el ex gobernador de Guerrero: Ángel Aguirre
Rivero, el brazo derecho de la dinastía de los Figeroa y protegido de
Andrés Manuel López Obrador, este hombre debe rendir cuentas no solo por
la desaparición de los 43, sino también por el asesinato de Jorge
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos estudiantes
dela normal de Ayotzinapa en la carretera México -Acapulco el 12 de
diciembre de 2011.
5. Otro de los responsables que goza de total impunidad es Omar García
Harfuch, entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero. Desde
febrero de 2020, existen declaraciones en la Fiscalía General de la
República de testigos colaboradores en el caso, que dan cuenta sobre los
sobornos mensuales que recibía del cartel de los Guerreros Unidos (una
célula del Cartel de los Beltran Leyva) para facilitarles el trasiego de
drogas a lo largo y ancho del estado de Guerrero. [11]
De acuerdo con las investigaciones del grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y 2016, además de las sentencias dictadas por los tribunales mexicanos, la Policía Federal estuvo involucrada con el crimen organizado y participó activamente tanto en la masacre, como en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
6. Uno de los principales dichos del actual presidente de la república
(Andrés Manuel López Obrador), es que una escalera no se barre de abajo
hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, esto en alusión al llamado
"combate a la corrupción", sin embargo, el crímen de Ayotzinapa es un
crimen de lesa humanidad, que implicó: secuestro, tortura, desaparición
forzada, manipulación de las evidencias y mucha, mucha corrupción en los
más altos niveles de gobierno, que el actual estado mexicano no se
atreve a combatir, porque ello implicaría su propia destrucción.
¡Cárcel para Ángel Aguirre Rivero, Miguel Ángel Osorio Chong y la cadena de mando de las fuerzas armadas y policiales!
¡Cárcel y condena máxima para Enrique Peña Nieto y el general Cienfuegos!
Agosto 22 de 2022
Notas
[1] Detienen a Jesús Murillo Karam, 'defensor' de la 'Verdad Histórica' sobre normalistas de Ayotzinapa
[2] No hay indicios que responsabilicen a Peña ni a Cienfuegos por la noche de Iguala: Encinas | Video
[3] Presentación del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa
https://www.youtube.com/watch?v=h_-yHXzoanY
[4] Tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, organismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2022/03/RESUMEN-GIEI-AYOTZINAPA-III.pdf
[5] El País. La Marina manipuló el escenario del basurero de Cocula en el caso Ayotzinapa
[6] AMLO deslinda al secretario de la Marina del caso Ayotzinapa
[7] Expediente Ayotzinapa: el testimonio de un médico revela que el Ejército hizo su investigación
[8] "Sáquenme de aquí, no aguanto más" ... la intervención del Ejército en Igual
[9] El informe que derrumba la "verdad histórica" sobre Ayotzinapa (documento)
[10] Celular de normalista desollado fue usado por el Cisen y el Campo Militar 1, documenta una investigación
[11] Las confesiones de Omar García Harfuch sobre la desaparición de los 43 en México