La Marx China

Del 25 al 28 de agosto de 2026, la XXIV reunión del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional se celebró en Pekín, aprobando cinco leyes y decisiones: la Ley de Seguridad Médica de la República Popular China, la Ley de Protección y Mejora de la Calidad de las Tierras de Cultivo de la República Popular China, la Ley de Agricultura de la República Popular China (Enmienda), la Ley de Movilización de la Defensa Nacional de la República Popular China (Enmienda) y la Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre la Modificación de la Ley de Abogados de la República Popular China. Por su parte, tres proyectos de ley relativos a la economía privada y las instituciones financieras —el Proyecto de Enmienda a la Ley de Quiebra de Empresas, el Proyecto de Enmienda a la Ley de Supervisión y Administración Bancaria y el Proyecto de Ley Contra la Corrupción Transfronteriza— solo alcanzaron la fase de deliberación y tramitación en esta reunión.

Las ocho leyes mencionadas incluyen tanto leyes enmendadas con artículos adicionales como leyes completamente nuevas; todas ellas tienen como función consolidar el control del Partido Comunista de China sobre las propiedades de los residentes y las empresas chinas.

Entre ellas, la Ley de Seguridad Médica de la República Popular China establece que los ciudadanos chinos tienen el derecho y la obligación legal de participar en el seguro médico básico, lo que significa que el pago del seguro médico de los residentes pasa de ser un acto voluntario a una obligación legalmente coercitiva. Anteriormente, muchos grupos de bajos ingresos y jóvenes optaban por no afiliarse temporalmente para mantener su nivel de vida básico; la aplicación de la nueva ley aumentará directamente los gastos fijos de las familias comunes, reduciendo sus presupuestos de consumo cotidiano. Al mismo tiempo, la ley carece de indicadores rígidos y unificados sobre la garantía de derechos y los porcentajes específicos de reembolso, delegando el poder discrecional en su mayoría bajo la fórmula de "regulaciones locales adicionales". Este diseño institucional obliga a la gente común a asumir obligaciones financieras precisas mientras dificulta que obtengan prestaciones de seguridad médica claras y previsibles; el sistema de seguro médico se está convirtiendo en una especie de impuesto específico sobre la salud.

Aunque la Ley de Seguridad Médica de la República Popular China ya ha sido promulgada, se ha dejado un período de transición de varios meses para que la Administración Nacional de Seguridad Médica y las distintas provincias y ciudades elaboren las normas detalladas de reembolso. La ley entrará oficialmente en vigor el 1 de enero de 2027.

En la Ley de Protección y Mejora de la Calidad de las Tierras de Cultivo de la República Popular China, el Artículo 2 establece claramente que "las tierras de cultivo se utilizarán principalmente para la producción de cereales y productos agrícolas como algodón, aceite, azúcar y verduras, así como forraje y piensos"; el Artículo 18 restringe estrictamente el uso de las tierras agrícolas básicas permanentes (término que designa las áreas núcleo de tierras cultivables de alta calidad cuyo uso no puede ser alterado ni ocupado sin autorización, según las necesidades del desarrollo demográfico y socioeconómico de un período determinado); y el Artículo 27 establece que "el Estado controlará estrictamente la conversión de tierras de cultivo en terrenos forestales, pastizales, huertos u otros tipos de tierras agrícolas".

Estos artículos vinculan coercitivamente el uso de la tierra agrícola con los tipos de cultivos, privando a los campesinos de la libertad de ajustar sus estructuras de siembra según la oferta y la demanda del mercado: incluso si el rendimiento de los cultivos de grano básico es ínfimo, no pueden cambiar a cultivos comerciales de mayor valor agregado (como las uvas), ni convertir de manera autónoma las tierras en proyectos de mayor rentabilidad como la acuicultura (como la cría de peces) en función de los precios del mercado. Esto debilita directamente las posibilidades de los campesinos de mejorar sus condiciones de vida mediante la gestión de mercado. En cambio, los textos legales no otorgan a los agricultores garantías de precios equivalentes ni compensaciones proporcionales a las pérdidas frente al mercado, lo que equivale a imponer mediante instrumentos legales el costo económico de la seguridad alimentaria sobre los campesinos.

Además, la Ley de Agricultura de la República Popular China (Enmienda) es una extensión de la Ley de Tierras de Cultivo, profundizando el control hasta los niveles micro de la producción agrícola: por ejemplo, las actividades agrícolas cotidianas de los campesinos estarán estrictamente vigiladas mediante teledetección por satélite y brigadas de ejecución de la ley. En caso de incurrir en infracciones como el destino de tierras a usos no alimentarios o no agrícolas, se enfrentarán a sanciones administrativas como la suspensión de autorizaciones y trámites para la conversión de tierras, lo que comprimirá severamente el espacio operativo a nivel local. Todo ello refleja la extrema politización de la producción agrícola y la sustitución coercitiva de las decisiones de gestión empresarial por la imposición administrativa. Ambas leyes entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

A continuación se aborda la Ley de Movilización de la Defensa Nacional de la República Popular China (Enmienda), la legislación de mayor alcance, máximo control y más representativa entre las ocho, que entrará oficialmente en vigor el 1 de octubre de 2026 (Día Nacional de China). Su aplicación marca que el aparato estatal ha completado, en el plano legal, los preparativos para imponer en cualquier momento un control paramilitar y una explotación extraeconómica (explotación adicional/segunda explotación).

Privación coercitiva del derecho de propiedad

La nueva ley introduce el concepto de "expropiación", rompiendo con la lógica previa de la "requisición" (préstamo, devolución posterior y compensación). El Estado obtiene la facultad de efectuar la compra obligatoria o incluso el decomiso a título gratuito de bienes civiles, sin que la ciudadanía tenga derecho a negarse y fijando de forma unilateral el monto de la compensación. Asimismo, el alcance de las requisiciones y expropiaciones se amplía desde los recursos empresariales hasta los activos cotidianos personales, incluyendo vehículos particulares, motocicletas, vehículos agrícolas, bienes inmuebles, alimentos e incluso artículos del hogar y mascotas, los cuales los ciudadanos deben entregar de forma incondicional.

Restricción severa de la libertad personal

La nueva ley incluye por primera vez los "intereses de desarrollo", lo que implica que cuando espacios estratégicos como la economía, la tecnología, las cadenas de suministro o los grandes intereses en el extranjero se vean gravemente amenazados, también se podrán activar los mecanismos de movilización. En otras palabras, los supuestos para dictar un decreto de movilización de emergencia ya no se limitan a amenazas a la soberanía nacional, la unidad política, la integridad territorial o la seguridad nacional, pudiéndose llevar a cabo intervenciones políticas o militares contra cualquier objetivo sin necesidad de una justificación clara.

Para evitar que la huida masiva de la población deje al régimen sin sujetos que movilizar, a partir del 15 de septiembre de 2026 se aplica por adelantado la Reglamentación del Consejo de Estado sobre la Administración de Entradas y Salidas, cuyo objetivo es impedir que los residentes comunes puedan salir legalmente del país. Al mismo tiempo, la ley amplía el colectivo sujeto de control de "personal de reserva" a "personal militar de reserva": los hombres de 18 a 60 años y las mujeres de 18 a 55 años son considerados población en edad militar obligada a prestar apoyo incondicional al ejército en combate y colaborar en el mantenimiento del orden social; además, aquellas personas que posean habilidades profesionales especiales (sin una definición clara en la norma) podrán ser reclutadas sin límite de edad.

Una vez emitido el orden de movilización, todo el "personal militar de reserva" deberá informar periódicamente sobre sus desplazamientos a las autoridades del servicio militar y no podrá abandonar su lugar de empadronamiento sin autorización; aquellos que ya hayan abandonado su lugar de registro deberán regresar inmediatamente o permanecer a la espera en el lugar donde se encuentren. Los ciudadanos que no sean reclutados directamente deberán aportar bienes materiales, y sus competencias personales (como programación informática o pilotaje de drones), sus canales logísticos e incluso sus contactos familiares en el extranjero podrán ser requisados coercitivamente para satisfacer las necesidades de movilización, de forma inapelable. La libertad de circulación y de elección de empleo de cientos de millones de personas se verá directamente cercenada.

Anulación total de los derechos judiciales

De acuerdo con el Artículo 77, tras la promulgación de la orden de movilización se suspenderán todos los procedimientos judiciales, incluyendo litigios, recursos administrativos, arbitrajes y reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado. Esto significa que aunque los ciudadanos sufran pérdidas patrimoniales o vulneraciones de sus derechos debido a expropiaciones o requisiciones, perderán la posibilidad de defenderse o exigir indemnizaciones por la vía legal durante la movilización. El Artículo 65 establece que los artículos de primera necesidad y las viviendas habituales quedan exentos de expropiación y requisición; sin embargo, las autoridades de ejecución a nivel de base, como las oficinas de distrito (barrio), disponen de margen discrecional para eludir dicho precepto en la práctica.

El Artículo 7 concede al Estado el poder directo de inspección domiciliaria para la recopilación de datos y la toma de control absoluto de las redes; los ciudadanos están obligados a proporcionar de forma veraz y completa información privada sobre la composición familiar, el patrimonio personal y las dinámicas comunitarias, castigándose el ocultamiento o la negativa como delito penal. El "sistema de garantía de servicios de datos" mencionado explícitamente en la norma puede transformarse fácilmente, en un estado de emergencia, en un control estricto o incluso en un apagón total de las comunicaciones por Internet.

El Artículo 72 introduce estándares de tiempo de guerra en el control de la libertad de expresión: cualquier discusión o difusión sobre la información de movilización, si es tipificada como "fabricación o difusión de información falsa" (incluso por discrepancias numéricas mínimas), conllevará penas penales extremadamente severas, incrementando exponencialmente los riesgos para la libertad de expresión de la población.

A continuación se presenta una decisión que destruye de manera sistemática la justicia judicial: la Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre la Modificación de la Ley de Abogados de la República Popular China, denominada de forma abreviada Ley de Abogados, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2026. Se trata de una legislación que imposibilita a los abogados de convicción marxista luchar por los derechos e intereses sociales del proletariado, al incorporar la lealtad política en sus disposiciones generales y requisitos de ejercicio, reconfigurando por completo la identidad y la lógica procesal de los abogados en China.

La justicia en los tribunales capitalistas descansa en el equilibrio derivado del contrapeso entre un juez neutral, una fiscalía acusadora y una defensa letrada. Cuando la ley impone coercitivamente que abogados, jueces y fiscales rindan lealtad a una misma organización política, la justicia procesal se convierte en una mera ficción. Especialmente en causas que afectan a los intereses del Partido-Estado o en sucesos socialmente sensibles, la lógica de las sentencias deja de basarse en la Constitución y las leyes para depender de las directrices del comité del Partido y de las orientaciones políticas; el tribunal se transforma íntegramente en un instrumento de propaganda política, y el juicio pasa a ser una mera formalidad para refrendar un resultado predeterminado.

Aquellos abogados decididos a defender los intereses de la clase trabajadora utilizando la Ley del Trabajo y los derechos democráticos en un contexto de represión política ya no pueden generar una presión social abierta contra la burocracia. Ello se debe a que la Ley de Abogados supedita la expedición y revocación de la licencia profesional al "respaldo a la dirección del Partido", lo que permite a los órganos administrativos despojar legalmente de su habilitación a los abogados independientes que desafíen al poder público tras un escrutinio político, haciendo que la existencia de letrados dispuestos a asumir casos sensibles de defensa de derechos sea prácticamente inexistente.

Además, los bufetes de abogados deben constituir obligatoriamente células del Partido en su interior y proveer espacio, fondos y personal para sus actividades. El control ideológico y la censura política se insertan así directamente en la gestión cotidiana y en el debate de los casos en los bufetes, articulando un mecanismo de autocensura omnipresente y descendente.

Por último, se examinan tres proyectos de ley relativos a la economía privada. Aunque no poseen el alcance coercitivo masivo de las normativas anteriores, su trascendencia radica en que cumplen la función de China como "metrópoli secundaria" del capitalismo y reflejan indirectamente el papel que desempeña el Partido Comunista de China en la crisis financiera global: con la asunción completa por parte de la PCAOB (Junta de Supervisión Contable de Compañías Abiertas de EE. UU.) de la supervisión de auditoría sobre las empresas chinas cotizadas en EE. UU. y las firmas de contabilidad locales en China, Wall Street no es el objetivo de la represión del gobierno chino, sino el actor determinante en la reestructuración económica del país.

El Proyecto de Enmienda a la Ley de Quiebra de Empresas introduce el "régimen de responsabilidad personal solidaria del deudor" y establece un período de observación de hasta 5 años. Su objetivo político central es apaciguar a la población desempleada y prevenir protestas colectivas de los trabajadores por desempleo o impago de salarios tras las quiebras empresariales. La ley diluye los impulsos de la lucha de clases obrera en dilatados procedimientos de liquidación judicial, sirviendo a la preservación del orden burocrático de dominación. Además, la reestructuración por quiebra no resuelve la precarización del desempleo, sino que abre vías legales de evasión de deudas para burocratas y capitalistas mediante liquidaciones formalizadas.

Aunque la Ley de Quiebras ratifica y refuerza las indemnizaciones y compensaciones derivadas de la resolución o rescisión de contratos laborales por quiebra, situándolas junto con los salarios atrasados, los subsidios por invalidez médica y los fondos de la seguridad social en cuentas individuales en el primer orden de prelación en la distribución de la masa de la quiebra —con prioridad sobre los créditos fiscales y comerciales comunes—, este mecanismo de prioridad resulta ineficaz en la práctica: con frecuencia las empresas carecen de activos distribuibles; en otros casos los trabajadores aceptan nuevos contratos con salarios mermados en empresas en reestructuración para conservar el empleo; o bien las coberturas del desempleo son limitadas, cotizando los subsidios entre el 80% y el 90% del salario mínimo local, una cifra insuficiente para contrarrestar el impacto de despidos masivos sobre la economía familiar.

Si bien el proyecto aparenta perjudicar a los acreedores de Wall Street al priorizar el pago de salarios y la entrega de viviendas en territorio chino durante las reestructuraciones —imponiéndoles severas quitas—, en realidad la reforma de la ley no busca confrontar al capital transnacional. Se trata de un ordenamiento ejecutado por el régimen burocrático bajo los estándares del capital financiero global (liderado por Wall Street) para efectuar una "depuración quirúrgica" del exceso de capacidad productiva y de los activos tóxicos internos. Los mecanismos de salida por quiebra eliminan los obstáculos de titularidad y deuda, permitiendo a Wall Street y a los fondos buitre transnacionales adquirir activos de alta calidad de empresas chinas en crisis a precios irrisorios, profundizando la penetración y el control del capital financiero internacional sobre la economía china.

Respecto al Proyecto de Enmienda a la Ley de Supervisión y Administración Bancaria: la propuesta otorga a los organismos reguladores facultades de intervención administrativa reforzadas (como restricciones a la distribución de dividendos y a la transferencia de activos), dificultando que las instituciones de Wall Street retiren rápidamente capitales y beneficios al extranjero ante riesgos sistémicos del sector financiero chino.

En apariencia, la reforma endurece la supervisión sobre las "cualificaciones de los accionistas" y los "controladores reales", bloqueando las vías mediante las cuales el capital transnacional empleaba empresas fantasma extraterritoriales (offshore) para controlar opacamente entidades financieras nacionales. Sin embargo, esto responde en los hechos a las exigencias de transparencia de los bancos de inversión de Wall Street (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, etc.), sintonizando con la supervisión de la PCAOB estadounidense sobre el sistema financiero local para garantizar que los datos financieros chinos se adecuen a los estándares del capitalismo global. El Partido Comunista de China aprovecha esta coyuntura para sancionar los elementos corruptos del sector financiero autóctono y evitar que una crisis entorpezca los flujos de pago de deuda y remesa de beneficios hacia Wall Street y las entidades transnacionales, consolidando la condición de China como un eslabón financiero dependiente del capitalismo mundial.

Para el proletariado y las grandes masas trabajadoras en su condición de ahorradores comunes, sus depósitos quedan convertidos en fondos de absorción para saldar billones de yuanes en activos tóxicos anuales. El aparato estatal recurre a la violencia administrativa para sostener la estabilidad superficial del sector bancario, garantizando que la plusvalía extraída al trabajo fluya sin trabas hacia la burocracia y las élites financieras, en lugar de velar por la seguridad patrimonial de los depositantes. Términos como "supervisión transparente", "personas clave" o "doble marco legal" buscan evitar el desfalco por parte de los principales accionistas y controladores reales de los bancos (como en el caso de las bancas rurales de Henan o el Grupo Tomorrow), impidiendo un colapso financiero sistémico y asegurando el funcionamiento ininterrumpido de la "maquinaria de acumulación" del capitalismo burocrático.

En relación con el Proyecto de Ley Contra la Corrupción Transfronteriza: la norma constituye esencialmente una versión china de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU. Por un lado, rastrea la fuga de prófugos y la transferencia transfronteriza de activos; por otro, impone restricciones a las empresas monopólicas transnacionales operantes en China (como gigantes tecnológicos, industriales y de consumo de Europa y EE. UU.) y a sus ejecutivos.

En apariencia, la propuesta fractura el monopolio de jurisdicción extraterritorial que ejercía el Departamento de Justicia de los EE. UU. mediante la FCPA, otorgando a China facultades sancionadoras y jurisdiccionales sobre las infracciones de multinacionales relacionadas con el país, sometiéndolas a una doble regulación que eleva sus costos de cumplimiento normativo y riesgos de infracción. Sin embargo, su naturaleza fundamental no es la confrontación con el capital imperialista, sino que satisface los intereses de largo plazo del capital monopólico global: la burocracia del PCCh, bajo la supervisión de Wall Street, frena la fuga de capitales y regula las reestructuraciones de deuda, impidiendo que la burocracia interna y el capital comprador evadan fondos hacia paraísos fiscales, reteniendo coercitivamente el capital en el territorio nacional para someterlo a la reestructuración y reexplotación del capital financiero internacional. Constituye, asimismo, un intento de integración formal en la estructura jurídica imperialista bajo parámetros de cumplimiento estándar e internacionalizado.

Para el proletariado chino, la consecuencia radica en la institucionalización y normativización de las operaciones extraordinarias de captura de activos y prófugos en el exterior (tales como la "Operación Caza de Zorros"), ampliando el margen de acción de la violencia de Estado. Este mecanismo no solo atañe a funcionarios corruptos, sino que podrá instrumentalizarse contra representantes del movimiento obrero en el extranjero y disidentes exiliados. Los bienes recuperados del exterior pasarán íntegramente a engrosar el patrimonio del aparato estatal burocrático, sin traducirse en bienestar social ni cobertura asistencial, convirtiéndose en recursos para consolidar el control social y el poder gubernamental.

En resumen, teniendo como eje la Ley de Movilización de la Defensa Nacional de la República Popular China (Enmienda), el objetivo prioritario del Partido Comunista de China dista de ser el desencadenamiento de una guerra "contra Wall Street", orientándose en cambio a la contención de los movimientos revolucionarios de la clase trabajadora derivados de la crisis económica. La militarización legalizada de la sociedad por parte del régimen burocrático procura sostener coercitivamente el dominio sobre la mano de obra y los recursos internos a medida que se profundiza la crisis del capitalismo. Bajo la subordinación al imperialismo estadounidense, el factor central de competitividad de China como "superfábrica" de la manufactura mundial radica en una fuerza de trabajo despojada de derechos y sumamente barata.

De este modo, la Ley de Seguridad Médica convierte la cotización en obligatoria al tiempo que recorta porcentajes y coberturas de reembolso; la Ley de Agricultura y la Ley de Protección de las Tierras de Cultivo clausuran las opciones de movilidad laboral de los agricultores y la conversión de la tierra en activos de cobertura. La lógica subyacente consiste en inmovilizar por la fuerza a los campesinos en una producción agrícola de escaso beneficio para sostener precios alimentarios bajos y contener los costos globales de subsistencia social. Ello satisface de forma directa al capital monopólico internacional, reduciendo los salarios y la protección social de los trabajadores chinos para transferir plusvalía extraordinaria hacia Wall Street y las corporaciones transnacionales.

En el marco de la recesión capitalista global, la clase burocrática china debe colaborar con el capital transnacional para extraer las últimas tasas de ganancia. Frente a la explosión de litigios laborales y tensiones sociales, la Ley de Abogados supedita el ejercicio profesional a la lealtad política, persiguiendo la privación efectiva del derecho de la clase trabajadora y de los desempleados a la asistencia letrada y a las demandas colectivas, evitando que los conflictos civiles muten en insurrección política contra la dominación burocrático-capitalista.

En conclusión, China no representa una "fuerza antihegemónica" ajena al capitalismo global, ni constituye la resurrección del fascismo (el cual sufrió una derrota histórica definitiva y cuyas atrocidades hacen imposible su restablecimiento). China se halla actualmente gobernada por un régimen estalinista-bonapartista, caracterizado por la síntesis entre el estalinismo (burocracia) y el bonapartismo (junta militar-policial), donde el poder militar y el administrativo no están monopolizados por un único gobernante absoluto, sino fragmentados entre diversas facciones burocráticas, en la que la cúpula militar y la administrativa ostentan cuotas de poder económico diferenciadas. El Partido Comunista de China actúa así como agente y brazo ejecutor violento del sistema capitalista global en el país.

La promulgación coordinada de estas ocho leyes no responde a una postura de "confrontación con Occidente", sino a la estrategia de supervivencia del régimen burocrático ante la crisis general del capitalismo: abriendo por un lado las puertas a la auditoría financiera y reestructuración de activos de Wall Street, y descargando por otro, mediante el despliegue de la violencia estatal, la totalidad de los costos de la crisis sobre los hombros de la clase obrera y el campesinado chinos.